Por Luciana Bertoia -
La novela del dictamen de la Ley Ómnibus tiene su correlato judicial. La abogada Valeria Carreras presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia por falsificación de instrumento público y falsedad ideológica contra quienes firmaron un dictamen que no se había terminado de redactar en la víspera del paro de la CGT y terminaron de discutirlo, horas más tarde, entre un departamento y un bar del barrio de Recoleta.
El gobierno de Javier Milei quería tener un dictamen de la ley Bases antes del paro que hicieron la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales el miércoles. Para eso, se convocó al plenario de comisiones que estaba tratando el proyecto de Ley Ómnibus para el martes. El horario de la convocatoria se fue corriendo porque las negociaciones estaban trabadas.
Después de las 9 de la noche del martes, el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, inquirió públicamente a los libertarios y a la oposición amigable: “¿Tienen el dictamen?”. Para entonces, ya parecía claro que el texto final no estaba. La intención, como publicó este diario, era terminar de redactarlo mientras se desarrollaba la reunión de comisiones, pero obviamente era una tarea ciclópea, por lo que se habrían inclinado por firmar el texto que había mandado el Ejecutivo el lunes y llevar los cambios al recinto.
Para Carreras, lo que pasó con el dictamen “sólo encuentra parangón en el antecedente de la Ley Banelco”, cuando durante el gobierno de la Alianza se trató la flexibilización laboral.
“Estamos frente a dos ‘dictámenes’: el que 55 diputados creen haber firmado en la madrugada del 24 de enero de 2024 y el ‘dictamen blue’ que fue el que luego de la reunión en el departamento de Recoleta mediante se publicó ese mismo día a las 15 horas”, escribió la abogada —que querella contra Mauricio Macri en la causa por el espionaje a las familias de los submarinistas del ARA San Juan—.
¿Cuáles son los elementos que a la abogada Carreras le hacen presuponer que podría haber dos dictámenes? Las declaraciones públicas de distintos diputados.
En una entrevista radial, el diputado Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal, HCF) confirmó que había sido citado a un departamento frente al bar La Biela por autoridades de la Cámara de Diputados. “Fui a una de las reuniones, cuando vi quiénes estaban ahí y qué punteos estaban haciendo, me retiré”, dijo el legislador del bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto. “Nosotros nos reunimos con las autoridades de la Cámara, ni tocamos dictámenes, ni nos interesa mejorar el dictamen. Para nosotros ya está cerrada esa instancia y no vamos a ir a ningún tipo de reunión que no sea con las autoridades de la Cámara”, agregó.
La presencia que sorprendió a Agost Carreño fue la de economista Federico Sturzenegger, que técnicamente no tiene vínculo con la administración de La Libertad Avanza (LLA) pero se presenta como el padre de la ley Ómnibus y del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70. Para Carreras, la presencia de Sturzenegger marcaba una injerencia indebida del Poder Ejecutivo sobre un trámite parlamentario que ya venía viciado.
La abogada también citó un tuit del diputado Carlos Gutiérrez (HCF). “Creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado”, había escrito el cordobés en la red X (exTwitter).
Carreras también invocó lo que había comentado Germán Martínez en otra entrevista radial. “Ninguno de los 55 diputados que firmaron el dictamen del oficialismo conocía lo que estaba firmando. Es un tema grave institucional y políticamente”. Según remarcó el líder de la bancada de UxP, el texto “apareció firmado por las autoridades de las comisiones” unas catorce horas después de haber sido aprobado.
RSS