Por Claudio Scaletta -
En las próximas semanas el debate económico estará marcado por la reforma tarifaria, empezando por la disparada de los precios del gas, lo que tendrá importantes efectos sobre la inflación y, seguramente, sobre el humor social. La cuestión tarifaria fue uno de los temas de acalorado debate interno en el gobierno precedente. Para los funcionarios cristinistas fue una bandera no negociable y, además, ganaron la batalla. El resultado fue que el gobierno del Frente de Todos repitió uno de los malos errores del Frente para la Victoria. Las tarifas volvieron a atrasarse hasta niveles alejados de los siempre inasibles costos de producción y afectaron los dos déficits, el interno y el externo. Y lo que es peor, los afectaron a cambio de nada.
Detengámonos brevemente aquí. La cuestión tarifaria suele tratarse desde una perspectiva exclusivamente numérica y de precios. Los números (y los precios) siempre importan, pero su maraña puede ocultar los problemas principales, que son primero conceptuales. Resulta indispensable abordar esta dimensión para comprender la verdadera naturaleza del problema tarifario, que no se limita a hablar de precios caros, baratos, justos, muy, poco o nada subsidiados.
¿Cuándo puede decirse que existe atraso tarifario? Cuando el costo de la canasta tarifaria de un hogar medio se vuelve irrelevante o poco relevante en el total de los gastos del hogar, lo que agrega la “externalidad negativa” de la posibilidad del derroche de un bien escaso. Súmese que se trata de bienes que no sólo tienen un costo de producción que alguien paga, sino que además pueden impactar en el déficit presupuestario y, dado que parte de los bienes de esta canasta también se importan, en el déficit externo, lo que a su vez repercute en la salud general de la macroeconomía.
La primera cuestión es preguntarse si está mal subsidiar las tarifas de los servicios públicos en general y energéticas en particular, especialmente tratándose de un país productor de energía. La respuesta inmediata es “no, pero”, o sea la respuesta tiene dos partes, el “no” y el “pero”.
Que el Estado subsidie el costo de cualquier bien, en este caso una tarifa, es una decisión de política económica. Subsidiar una tarifa es una transferencia de ingresos que tiene un costo. Mediante la regulación ese costo puede ser compartido. Por ejemplo, una parte la pone el Estado y otra, vía regulación de precios, la menor ganancia de la empresa productora-proveedora. Lo primero que salta a la vista es que en ningún caso el precio que recibe la empresa puede estar por debajo de los costos de producción más una ganancia razonable. Si así no fuese, la empresa simplemente dejaría de producir. Además, si se trata de sectores que el sector público considera necesario sostener o desarrollar, el precio recibido debe, para promover las inversiones sectoriales, ser competitivo en la comparación internacional. Se supone que la clave del buen regulador es no bandearse para ninguno de los dos lados, ni ganancias extraordinarias para las empresas ni tarifas regaladas para los consumidores.
Los subsidios tarifarios consisten en que el Estado ponga la diferencia entre el precio del servicio y lo efectivamente pagado por la tarifa. Como se dijo, subsidiar tarifas es una decisión de política absolutamente valida. El argumento a favor es distributivo. Por el lado de los hogares subsidiar el costo de la canasta de servicios públicos aumenta el ingreso disponible del conjunto de la población. Y si aumenta el ingreso, aumenta la demanda agregada. Por el lado de las empresas lo que se consigue es reducir uno de los costos básicos, lo que impacta en el nivel de precios. Aparentemente se trata de un círculo virtuoso y por ello prácticamente la totalidad de los países más desarrollados tienen distintos grados de subsidios tarifarios.
Nótese que respecto de las tarifas que pagan las empresas se habló de que, en tanto costo de producción, los subsidios impactan sobre el “nivel” de precios, no sobre su variación. Sin embargo, en contextos inflacionarios contener las tarifas puede funcionar como ancla para los precios (y viceversa, como sucederá durante los próximos meses). Esta fue la tentación que llevó a recaer en el error. El problema de este modo de actuar fue su contrapartida. Aquí viene la segunda parte de la respuesta, la parte del “pero”. Si en un contexto inflacionario se utiliza a las tarifas como ancla para los precios (no debe olvidarse que son uno de los precios básicos de la economía), la masa de subsidios comienza a crecer como porcentaje del Presupuesto. Si además se agrega que, durante los picos de alta demanda, el producto subsidiado debe importarse se choca también con el problema de la restricción externa. Y si para colmo se produce una guerra que dispara los precios internacionales el combo resultante es, fue, literalmente explosivo. A la salida de la pandemia, la necesidad de abordar la cuestión tarifaria era prioritaria. No debió nunca transformarse en un debate ideológico lo que se había transformado en un problema macroeconómico. Las internas y la falta de decisión política evitaron las correcciones y el nivel de tarifas volvió a distorsionarse, con el consecuente impacto en los déficits y en la macroeconomía.
Finalmente debe considerarse que la persistencia en los errores del pasado fue a cambio de nada. Los subsidios no consiguieron el aumento del ingreso disponible. En el mejor de los casos quedó neutralizado, lo que aportó por un lado, el menor costo de la canasta tarifaria, lo quitó por otro, la contribución a la inflación vía los dos déficits. El esfuerzo por no darle malas noticias a los presuntos votantes tampoco consiguió, a juzgar por el resultado electoral, el favor de las mayorías. Nadie valoró el esfuerzo, como tampoco se había valorado en 2015. Y un dato más, dejar como herencia semejantes distorsiones tarifarias habilita a que el que sigue haga cualquier cosa. Los Milei no nacen de un repollo.
Fuente El Destape
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