Por Jesús Bastante -
El pasado 16 de diciembre, en una decisión sin precedentes, los tribunales vaticanos condenaban al cardenal Angelo Becciu, ex ‘número tres’ de la Santa Sede, a cinco años y medio de prisión e inhabilitación perpetua por malversación de fondos. El purpurado defenestrado por Francisco fue hallado culpable, junto a una decena de personas –en su mayor parte, funcionarios de ese pequeño Estado– de utilizar el dinero destinado a las obras de caridad del Papa para hacer opacos negocios inmobiliarios. En concreto, la compraventa del palacio de Sloane Avenue en Londres, e incluso la creación de una ‘diplomacia paralela’ a la de la Santa Sede por parte de Cecilia Marogna, conocida como ‘la dama de Becciu’.
Tres meses después de las condenas, el fiscal jefe del Vaticano, Alessando Diddi, anunció el inicio de una investigación penal para desentrañar si hubo espionaje de información confidencial que afectaba a algunos de los condenados en el caso, en una trama que vuelve a hacer sobrevolar el temor a un ‘Vatileaks III’ y a generar sombras de duda en la lucha del Vaticano contra la corrupción.
En declaraciones a Il Tempo, Diddi admite “la existencia de un posible acoso electrónico en relación con la Santa Sede”, razón por la cual ordenó abrir un expediente. “Creo que alguien siguió nuestras investigaciones desde fuera”, aseguró.
Una supuesta trama de espionaje que se descubrió de manera casi fortuita, en mitad de unas informaciones sobre el ministro de Defensa de Meloni, Guido Crosetto, quien habría sido investigado de manera ilegal. La investigación descubrió que un teniente de la Guardia Financiera italiana habría filtrado la información de bases de datos de lavado de dinero y crimen organizado.
Y, tirando del hilo, se hallaron datos relativos a algunos de los acusados por el ‘caso Becciu’, como Raffaelle Mincione (uno de los responsables de la compraventa fraudulenta del palacio de Londres), Gianluigi Torzi (el broker de Becciu) o Cecilia Marogna, quien creó junto al cardenal defenestrado por Francisco una diplomacia paralela, y que también fue condenada en el macrojuicio vaticano.
El fiscal vaticano indicó la necesidad de incoar un expediente, “aunque por el momento es contra partes desconocidas”, para desentrañar si algunas de las informaciones extraídas de forma fraudulenta pudieron ser utilizadas durante el juicio. Dicho expediente, por el momento, no cuenta con sospechosos ni delitos penales, pero las investigaciones ya han comenzado para rastrear a los instigadores del espionaje y sus motivaciones. “El hecho en sí merece una investigación profunda”, recalcó Diddi, que espera la entrega, por parte de la Fiscalía de Roma, de la documentación para determinar si hubo una extracción ilegal de datos, y si estos influyeron en las estrategias de defensa en el ‘caso Becciu’. Desde sectores de la ultraderecha eclesial, por su parte, empiezan a elaborarse teorías que apuntan a una condena fijada de antemano, acusando a Francisco de haber modificado hasta en cuatro ocasiones las normas vaticanas durante el juicio para lograr una condena para Becciu y sus secuaces.
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