Por Marcelo Falak -
La decisión del presidente Javier Milei, anunciada por su ministro de Economía Toto Caputo, de eliminar el capítulo fiscal del proyecto de ley ómnibus fue la admisión de una severa derrota política para el gobierno de ultraderecha: a su pretensión de avanzar sobre los intereses provinciales en base a retenciones y otras afectaciones con el argumento de que “no-hay-plata”, la casta, que amenazaba con desfigurar el proyecto, le respondió: “no-hay-votos” en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el oficialismo asume que sólo perdió una batalla, no la guerra. Una guerra, en definitiva, que se le declara a la propia sociedad.
El Gobierno pelea por su razón de ser, por lo que el conflicto seguirá y será sin toma de prisioneros. Encima la dolarización acecha otra vez.
Milei ya no deberá cortarse un brazo: lo que pensaba ahorrar en base a aumento de la presión impositiva, lo buscará a través de un mayor recorte del gasto, algo que Caputo admitió que afectará a “la política, la nación y las provincias”. En realidad, afectará a la gente. Y que sea lo que Dios quiera.
El jefe del Palacio de Hacienda giró sin pudor al dejar de plantear que el apartado fiscal de unos cien artículos y su objetivo, el equilibrio presupuestario, eran el corazón del proyecto. Ahora, afirma, se lo remueve para que la Cámara baja pueda avanzar con el resto, que sería lo verdaderamente importante. ¿Lo serán las sociedades anónimas deportivas y los jueces con toga?
Si el salto mortal no viniera con un cuchillo debajo del poncho, se justificarían algunas celebraciones opositoras. Pero el dolor ya no será una amenaza tuitera para arrear al poder territorial y sus terminales legislativas, sino, consumada esa derrota, una acción que se ejecutará fríamente. “Les avisamos”, dirán.
Caputo oficializó la marcha atrás en cinco puntos: el blanqueo y la moratoria impositivos; la suba de retenciones a los derivados de la soja, a las exportaciones industriales y a las economías regionales; la cancelación de la fórmula de movilidad previsional, y el adelanto de pagos del impuesto a los Bienes Personales. Nada menos que 1,4% del PBI, parte relevante de un ajuste que se proyecta y se sostiene en 5,2%.
Vencedores vencidos
Mientras el ministro abandonaba sus propias bravatas, omitía la amenaza presidencial de dejar a las provincias “sin un peso” y “fundirlas” y hasta decía compartir las inquietudes de los mandatarios provinciales, les entregaba el primer caramelo envenenado: aunque fue en un proyecto aparte, también sale de agenda la reimposición del impuesto a las Ganancias para las 800.000 personas que perciben mayores salarios. Esa compensación, largamente reclamada, queda en el aire, lo que golpea las finanzas provinciales.
Si el proyecto ómnibus saliera con la amplia delegación de facultades pedida por el Presidente, este podría, aunque fuera apenas por un año, pasar la motosierra a gusto sobre intereses de los gobernadores y diputados que lo humillaron.
Además, administra con la extensión del Presupuesto 2023, dramáticamente erosionado por la inflación. Así, “garantizar” la misma partida nominal que hace un año –211,4% de inflación después– a las universidades nacionales, por poner un ejemplo, supondría un ajuste fabuloso que, con rencor, Milei y Caputo dirían que habría sido innecesario si la casta no hubiese bloqueado su plan inicial.
Sin embargo, al abrazarse ahora al recurso excluyente de cortar el gasto para equilibrar las cuentas, el Gobierno también pierde porque eso le asegura mayor conflicto social y político. En paralelo, sufre más la sociedad: si el Caputazo se limita a era herramienta y resigna aportes tributarios de grandes firmas exportadoras o a anticipos de pagos de Ganancias, resulta todavía más inequitativo.
En lo que respecta a la abortada eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria, hay que entender que en el corto plazo, dado por una inflación trimestral en fuerte alza, su mantenimiento es garantía de mayor licuación de los haberes. Cuando el IPC baje y las jubilaciones comiencen a registrar una recuperación real por su actualización en base a índices anteriores y más elevados –el Gobierno, voluntarista, espera que a partir de abril o mayo–, se verá si el Congreso se aviene a evitar ese hecho de justicia social y de dificultad presupuestaria con la discusión de una ecuación nueva o qué entiende el Presidente que le permiten hacer sus superpoderes.
En tanto, la obra pública, ya con muerte cerebral, será enterrada sin pompa, cosa que aclara la decisión de arrojar por la ventana a Guillermo Ferraro y someter Infraestructura a la condición de secretaría de Estado bajo la autoridad de Caputo, el dueño de la caja.
Mal augurio
El mercado cambiario mira con desconfianza. La apertura de este lunes permitirá medir cuánto le cree al ministro cuando afirma que el equilibrio fiscal para fin de año sigue garantizado.
La ley rebanada, con ajuste de gasto y suba de impuestos, habría provisto una hoja de ruta para medir, según el apego o el desapego oficial al rumbo, un parámetro claro. Sin eso, todo se reduce al capricho de la confianza, a los indicios del día a día y a los puñales que la duda puede clavarles a los operadores al calor de un conflicto social más severo. No por nada Caputo hizo su anuncio un viernes a última hora, tras el cierre del mercado y con todo un fin de semana por delante para dar seguridades. El miedo no es zonzo.
La guerra por otros medios
Parece mentira que el Presidente haya necesitado sólo siete semanas para generar la sensación de un gobierno en crisis. ¿Mentira? En realidad no, dado el modo en que se puso en guerra, al mismo tiempo, con cada sector relevante de la vida nacional: gobernadores de todas las regiones y partidos, casi todo el Congreso, antiguos y actuales compañeros de ruta, empresas pesqueras, industria, campo, economías regionales, pymes, feminismos, excombatientes de Malvinas, jubilados, clase media, ahorristas, inquilinos, sindicatos y trabajadores privados, estatales e informales… En guerra con la Argentina, prácticamente.
Cuando Letra P habló, una semana antes de la asunción de Milei, de un Proceso de Desorganización Nacional en ciernes, apenas describía el pico más expuesto del témpano. Disolución es la palabra del momento.
Es interesante analizar lo que quedó expuesto antes de la amable ruptura del viernes. Más allá de quienes apoyaban cualquier cosa, entre los que quisieron negociar la letra chica del ómnibus se contaron aquellos –como Osvaldo Jaldo– que se conformaban con salvar intereses de pago chico y con parapetarse debajo de una mesa.
También hay que mencionar a quienes descubrieron que la confianza es un jarrón delicado, imposible de reparar cuando se raja, y que podría no ser tan buena idea darle plenos poderes a quien promete fundir a todo el país. Al fin y al cabo, ¿qué son las provincias y lo que habita en ellas, los municipios? ¿Hay acaso personas que vivan en la estratósfera de “la Nación” y no en los territorios?
Dadores de gobernabilidad al margen, en el rechazo al proyecto ómnibus ahora mutilado militaron mandatarios locales que, desesperados, asumen los riesgos de emitir cuasimonedas de amplio potencial de depreciación y otros que, entre la espada y la pared, llegaron a amenazar al Gobierno central con dejar sin energía a la capital del país.
Aquellas reacciones expusieron la mencionada disolución lenta, se espera que nunca completa, del poder central, el que pierde cada día un poco de su legitimidad de ejercicio, soberanía monetaria y hasta garantías de funcionamiento.
En el fondo, lo que se horada es la unidad nacional, el proyecto común, la idea de sociedad y hasta la capacidad de agregar demandas de los principales partidos políticos, que giran en torno a los caprichos de la Casa Rosada y sufren, impotentes, cisma tras cisma.
La política cruje y la caída en el ajuste se queda sin colchones.
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