De la Redacción de Contrapoder -
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este jueves por la tarde la política de mano dura, represión y criminalización de la protesta social que tendrá el gobierno de Javier Milei. La medida parece complementaria al fuerte ajuste económico que lanzó Luis Caputo el martes pasado.
Con el denominado “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público”, la gestión libertaria habilitará a las fuerzas de seguridad nacionales a impedir cualquier intento de piquete en la vía pública. Alcanza a las jurisdicciones federales –por ejemplo autopistas y rutas nacionales–, pero el Gobierno trabajará en coordinación con las provincias para que también se aplique en sus territorios.
De hecho, luego de su conferencia, Bullrich tenía en agenda recibir a su par de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, para “coordinar” un operativo conjunto ante la jornada de piquete del 20 de diciembre próximo. Organizaciones sociales opositoras harán una movilización por el microcentro porteño en coincidencia al estallido del 2001. En aquella oportunidad la combinación de ajuste económico –se había impuesto el “corralito”– y represión policial terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. El saldo había sido trágico: casi 40 personas murieron en todo el país.
La decisión de aplicar tal protocolo no tiene precedentes en estos 40 años de democracia y podría chocar de frente con el derecho a huelga contemplado en la Constitución Nacional y amparado en tratados internacionales. La izquierda, que organiza la movilización de la semana próxima, hizo un enérgico repudio al protocolo. “Respuesta a Bullrich: no le tenemos miedo. El derecho a la protesta social está amparado en la Constitución”, cuestionó Gabriel Solano, legislador del Partido Obrero, en una conferencia junto a Eduardo “Chiquito” Belliboni, máximo referente del PO.
El protocolo represivo
El protocolo de Bullrich contempla desde penas para los manifestantes que corten calles –detención a las personas y multas administrativas a las organizaciones que estén detrás– hasta operativos de inteligencia en la previa a cada corte.
“Si hay un delito en flagrancia, las fuerzas van a poder intervenir”, anunció la ministra al detallar punto a punto su política. “Se va a trabajar en las estaciones de tren para detener a aquellas personas que vayan con algún tipo de material como palos, con caras tapadas o distintas formas de participar en manifestaciones”, anticipó.
La política alcanza a la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval, y llamativamente incorpora al Servicio Penitenciario Federal, dedicado a la custodia de las cárceles. La ministra evitó mencionar la palabra “represión” ante una consulta de elDiarioAR luego de la conferencia, pero antes había afirmado: “Las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, y será graduada en proporción a la resistencia”, apuntó. Solo respondió cuatro preguntas de la prensa que participó en su anuncio.
En su exposición Bullrich dejó una frase polémica: “No se actúa de la misma manera frente a niños, embarazadas y ancianos. No queremos que usen a los niños como escudos. Habrá consecuencias fuertes”. En muchos de los piquetes de las organizaciones de izquierda, en reclamo de mejoras en los planes sociales y de alimentos para los comedores populares, participan mujeres con sus hijos y hasta familias enteras: “Se va a pedir a las madres que no lleven más a los chicos. Habrá consecuencias para aquellos que vayan con niños. El primer responsable del niño es quien lo lleva”, abundó la ministra.
Bullrich dijo también que su protocolo contempla un afinado operativo para “marcar” a los manifestantes. Adelantó que serán “identificados” los instigadores de los piquetes, también los vehículos en los que se movilicen los manifestantes que puedan estar cometiendo infracciones de tránsito –serán “incautados”– y las organizaciones sociales que estén participando.
“Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a los individuos u organizaciones implicados”, remarcó la ministra. “Se les va a dar aviso al juez competente en caso de daño ambiental”, agregó, con un ejemplo llamativo: “La quema de cubiertas genera una situación muy dañina al ambiente”.
La política de criminalización de la protesta social alcanzará también a los extranjeros que puedan estar manifestántandose. Dijo que si son detenidos, su información será remitida a Migraciones.
“El corte se termina”, reiteró Bullrich en otro pasaje de su conferencia. Avisó que las manifestaciones podrían ocupar sólo las veredas, como fue la de Raúl Castells el martes pasado, que intentó realizar un piquete próximo a la Casa Rosada pero su columna quedó acorralada por la policía porteña. Fue la primera manifestación de la era Milei.
Bullrich buscará que hasta la provincia de Buenos Aires, gobernada por el kirchnerista Axel Kicillof, adopte el protocolo. Su línea de comunicación es el flamante ministro de Seguridad bonaerense, José Alonso, que reemplazó a Sergio Berni. La idea de la ministra es que, por ejemplo para la manifestación del miércoles próximo, la Provincia controle los accesos a la Capital Federal y las estaciones de trenes.
“Si no actúan ellos, lo vamos a hacer nosotros. Este no es un problema de ideología, sino de orden y paz”, ratificó Bullrich, que incluso dejó trascender que podría hasta denunciar a las fuerzas provinciales. “Seguro habrá fuerzas que no querrán actuar. Veremos qué consecuencias hay porque no actúan frente a un delito” en flagrancia, dijo Bullrich. También adelantó que buscará que el protocolo se constituya en ley votada por el Congreso.
“Sin orden no hay libertad”, se justificó la ministra. Dejó en claro que las movilizaciones “autorizadas” estarán permitidas y no sufrirán las consecuencias de la mano dura antipiquetes. Y cerró: “No vamos a cortar la manifestación de Luján”.
RSS